Multa a Alberto Fernández por la fiesta en Olivos

El Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, ha sido denunciado por violar su propio Decreto de Necesidad y Urgencia durante la pandemia en 2020.

Por si no lo recuerdan, Alberto no respetó la cuarentena a través de la cual sometió a todo el pueblo argentino a lo largo de un año. Aplicó dicha cuarentena fundiendo al país y sumiéndolo en la pobreza, mientras él celebraba fiestas y reuniones masivas con mujerzuelas en la Quinta Residencial de Olivos.

Paradójicamente, fue tan estricto con ese decreto, que todo aquel que violaba la cuarentena sufría una dura represión policial o un interminable escarnio en los medios de comunicación. Incluso algunos ciudadanos han desaparecido y fueron ejecutados por las fuerzas represoras del Estado por romper con el aislamiento.

Se podría decir que Alberto violó la ley ilegal que él mismo legisló. Pero en realidad, él nunca violó la ley, ya que su decreto nunca tuvo validez ante la Constitución Nacional, la cual garantiza nuestro derecho a trabajar y circular libremente en su Art. 14. El verdadero problema es que por alguna estúpida razón, el pueblo argentino decidió que era buena idea agachar la cabeza y obedecer un decreto inconstitucional. En cuanto a lo que se lo acusa, Alberto no hizo nada malo (técnicamente). Pero lo que sí hizo mal fue violar la CN y castigar a todo ciudadano que decidiera gozar de sus derechos, tal como lo hizo entre 2020 y 2021. Es el responsable de miles de argentinos muertos, hundidos en la pobreza, y de algunos reprimidos y asesinados por la policía.

Y cuando alguien plantea que Alberto violó flagrantemente nuestra CN, los militantes kirchneristas nos responden que se vio obligado a hacerlo porque estábamos en medio de una pandemia, ignorando que la CN existe JUSTAMENTE para afrontar este tipo de casos. Si se desata una pandemia, una guerra, una invasión extraterrestre, o lo que corno sea, hay una Ley máxima que establece que nadie puede vulnerar nuestros derechos. Deberían leer la Carta Magna.

Con respecto a la causa que se abrió contra el Presidente, el fiscal aceptó la propuesta que consiste en resolverla con una simple multa de $1.600.000 (US$8.000). Una cifra RIDÍCULA, teniendo en cuenta que bajo su administración de la pandemia, murieron 40.000 argentinos en 2020 y 130.000 al día de hoy, renunció un Ministro de Salud tras descubrirse el robo de vacunas para los funcionarios y la militancia, y cerca de 100 compatriotas fueron ejecutados por el aparato represivo estatal tras violar la cuarentena. Se supone que la multa debería ser imposible de pagar. En cambio, US$8.000 significan que la vida de cada argentino fallecido por COVID-19 vale aproximadamente US$0,06. 

Lo que tiene que pagar el Presidente es muy poco. Aunque pensándolo bien, es el pueblo argentino quien terminó pagando las consecuencias de lo que ha votado. Veremos si a partir de ahora, este país de imbéciles aprende a elegir un Presidente. Recuerden que fueron los argentinos quienes llevaron a Alberto Fernández al poder mediante las urnas en 2019, porque les prometió que comerían asados los domingos y verían el fútbol televisado por los medios públicos.

Así que ponerle el mísero precio de US$0,06 a la vida de cada ciudadano es una lección mucho más que poética para este pueblo de desmemoriados.